DELINCUENCIA IMPUNE

Cualquier trabajador puede ejercer el derecho de huelga; pero esto no es una huelga de trabajadores, sino un cierre patronal. Probablemente asista la razón a los huelguistas. Y defiendo su derecho a realizar una huelga de transportes. Pero aquí hay mucho más que una huelga. Aquí se están cometiendo delitos. Los organizadores de la huelga conculcan derechos fundamentales amparados por la constitución; paralizan factorías, logran que escaseen los alimentos, consiguen que las gasolineras no sirvan combustible, que los ciudadanos no puedan circular libremente, que los trabajadores no logren acudir a sus centros de trabajo, que las pescaderías y fruterías cierren sus puertas, que los ganaderos no pueden vender sus animales, que a los mataderos se les acumulen las reses…

El gobierno tiene el deber de asegurar el orden público, los derechos de los ciudadanos y de hacer cumplir las leyes. Las actuaciones de los huelguistas constituyen delitos que deben ser perseguidos con el rigor que exige la ley. ¿No son perseguibles los miembros de un piquete informando con armas blancas y protegidos con el anonimato de un pasamontañas?

Hoy la guardia civil de tráfico incumple sus obligaciones, el ministerio de interior no ejerce y la fiscalía general del estado, tampoco. Y es que este gobierno de pacotilla tiene alergia a hacer cumplir las leyes. Los gobiernos tienen el monopolio de la fuerza para defender a los ciudadanos que se la han delegado.

Pero este gobierno se dedica a mamarrachadas como la creación de un ministerio de la igualdad y a pedir ahora la contención del gasto público; pero ¿a quién pide el gobierno contención? Dicen que el paso por las carreteras radiales es gratuito. Otra mentira; ¿o cree alguien que las empresas concesionarias no contabilizan los vehículos para exigir posteriormente lo que es suyo? Y ¿qué coños pinta la oposición? ¿Para qué cree que la mantenemos?

Hoy el estado de derecho ha quedado en suspenso.